María Ramírez Cabello

La empresa informó, reseñaron medios locales, que reanudará operaciones el 25 de abril. No ha informado cómo procederá con los 232 trabajadores suspendidos.

La postergación del ISLR y el crecimiento de los agregados monetarios también alimentan los desequilibrios y las presiones al alza de la referencia no oficial.

Una familia, de cinco miembros en promedio, requiere 6,4 salarios mínimos diarios para cubrir los gastos en alimentos y servicios.

Los ajustes salariales de la industria maderera se realizaban en función del INPC, que el Banco Central de Venezuela no difunde desde hace más de dos años. 

La firma estima necesario, a mediano plazo, emitir nuevas piezas con denominaciones más altas. Apuntan que sin un ajuste económico que frene la inflación será indispensable una nueva reconversión en solo un año

Este lunes se cumplen 10 años del anuncio de reestatización de Sidor, y como ha venido registrando Correo del Caroní a lo largo de una década, los balances son negativos. No solo decayeron los beneficios laborales, cuya negociación empujó la vuelta a manos estatales en 2008, sino que la producción cayó en más de 90%. Desde 2014 la empresa está en quiebra desde el punto de vista contable, resultado de una administración estatal que, a punta de corrupción, populismo y delirios ideológicos, hizo un cadáver de la siderúrgica más importante de Venezuela y una de las de América Latina y el Caribe.

Desde hace dos meses, la producción de la industria está detenida. No hay transporte ni comedor. Los trabajadores, la mayoría costarricenses, se sienten perseguidos. La empresa tramitó la suspensión de los contratos de trabajo y las autoridades de Costa Rica detectaron un intento de traspaso de los bienes a un fideicomiso. El cuadro es similar al de las estatales del aluminio de Guayana solo que a cientos de kilómetros de distancia.

Cinco organizaciones se constituyeron recientemente para armar un bloque que permita vender el metal al Banco Central de Venezuela, además de obtener permisos para el manejo de efectivo, pues consideran que el comercio descontrolado del metal agudizó la escasez del papel moneda.

Ya en 2016, los municipios mineros del sur de la entidad sufrieron protestas y saqueos por el apurado proceso de salida de circulación del billete de 100 bolívares.

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