La investigación de alto nivel se refiere a la queja presentada por 33 empleados por ataques, acoso, agresiones y una campaña de desprestigio contra Fedecámaras.
La hija del secretario general de Sintraferrominera y demás miembros de la organización sostienen que el dirigente está desaparecido, y denuncian que su caso y la militarización de la planta en Ciudad Piar tenían como segunda intención discutir el contrato colectivo de Ferrominera Orinoco con Sinboltrafe, organización paralela e ilegítima. Dirigentes de Sidor recordaron que algo similar ocurrió en la siderúrgica: desconocimiento del sindicato e imposición de la convención. El caso FMO es una prueba más de la política antiobrera del régimen que, vaya paradojas, se autoproclama gobierno obrero.
“Hemos ido a preguntar al comando de la Guardia Nacional en Ciudad Piar y no saben nada (…) Los hacemos responsables de la vida de mi papá y mi esposo”, expresó Yarudid González, hija del dirigente sindical y miembro de la organización, Rubén González. La persecución de la Guardia Nacional comenzó el lunes, durante una protesta en la que los ferromineros exigían dotación de uniformes y de equipos de seguridad, entre otros beneficios menoscabados en la era de la Ferrominera controlada por el chavismo y, por tanto, venida a menos.
Los trabajadores desconocen si existe orden de detención en contra de los dirigentes sindicales, pero aseguran que se repite el patrón del arresto de González en 2009, cuando fue acusado de instigación a delinquir, agavillamiento, violación de la zona de seguridad y daños al patrimonio público y encarcelado durante dos años. Los militares irrumpieron en la casa del dirigente tumbando un paredón. La huelga, que comenzó la semana pasada, tenía como fin exigir dotación de uniformes y de implementos de seguridad.
La estatal, que opera a un 15 por ciento de su capacidad instalada, actualmente ejecuta un proyecto de normalización de grúas como parte de un convenio con la empresa china Chalieco.
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