Los abogados defensores señalan que no existen elementos de convicción que sostengan la acusación de la Fiscalía Militar en contra del secretario general de Sintraferrominera. “Rubén González es el preso político del usurpador Nicolás Maduro”, dijo el trabajador y uno de los abogados defensores, Jorge Machuca.

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Audiencia preliminar
de trabajadores de Venalum

Este viernes está prevista la audiencia preliminar de los cuatro trabajadores de Venalum, incluido el secretario general de Sutrapuval, detenidos el 14 de diciembre de 2018, informó el trabajador de Alcasa, Miguel Ekar.

Los delitos que se le imputan son paralización de industria, paralización de trabajo, resistencia a la autoridad, suspensión de industria, daños graves a la industria, obstrucción en la vía pública, daño a la nación y agavillamiento.

 

Tras la ratificación el miércoles de la privativa de libertad en contra del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, por parte del Tribunal Militar Décimo Quinto de Control del estado Monagas, la defensa del dirigente sindical informó que apelará la medida, en vista de la ausencia de elementos que justifiquen su detención así como la realización de un juicio.

“Rubén González es el preso político del usurpador Nicolás Maduro que más temprano que tarde logrará la libertad”, dijo Jorge Machuca, abogado defensor y trabajador del área de laminación de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) con 25 años de servicio; quien junto con Miguel Ekar, abogado y secretario de cultura y propaganda del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa) y Félix Rosas, abogado laboral, componen la defensa del dirigente sindical, en un hecho inédito en la historia de Guayana en que trabajadores de las industrias básicas defienden a sus pares.

Ekar informó que en los próximos días apelarán ante la Corte Marcial la decisión del Tribunal Militar, al que previamente habían solicitado el sobreseimiento de la causa debido a la ausencia de elementos de convicción. “No hay ningún elemento de interés criminalístico para que a Rubén se le siga una causa por vía de la justicia militar”, dijo, en alusión a la presentación del dirigente sindical que en su condición de civil ha sido llevado arbitrariamente a uno militar.

González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 y se le acusa de los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas, tras un conflicto de agosto de 2018 en Ciudad Piar, luego de una protesta laboral. Aunque la Fiscalía lo acusa de atacar a los uniformados, familiares y trabajadores han denunciado que fueron los guardias los que rompieron paredes y agredieron a familiares en una incursión violenta en su residencia.

González fue llevado este miércoles al Tribunal Militar esposado y bajo un intenso despliegue de seguridad, indicó la defensa. Al final de la audiencia preliminar, volvió a la cárcel de La Pica, en el estado Monagas.

En los próximos cinco días, la defensa espera recibir la motivación que llevó al juez a mantener la privación de libertad así como, en un plazo máximo de 10 días, la fijación de la fecha del juicio oral y público.

Pruebas amañadas

Machuca explicó que la Fiscalía Militar se ha valido de pruebas amañadas, debido a la falta de elementos para justificar su encarcelamiento. Una de las fotos incorporadas en el expediente, dijo, muestra la camioneta asignada por la estatal Ferrominera Orinoco al dirigente sindical frente a su casa en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, en agosto de 2018.

“Dicen que en esta camioneta transportaron a los guardias nacionales para golpearlos. Pero nosotros incorporamos en el expediente la foto verdadera”, afirmó, una imagen en la que se observa la misma camioneta con dos uniformados militares sentados en la cabina trasera, mientras uno de ellos usa un teléfono celular. A un lado, se observa al secretario de Sintraferrominera caminando hacia su casa “para conminar a los guardias a bajarse de la camioneta porque ya habían irrumpido violentamente en la vivienda”.

“El teniente Amaya dice que llamó a los guardias y pegaban gritos. Ellos afirman que les quitaron los celulares y aquí se comprueba que tuvieron suficiente tiempo para llamar al comando”, agregó Ekar.

La defensa incluyó otras imágenes en las que se observa una pared rota de la cerca principal y dos guardias en el interior de la vivienda. También fotografías de Jackeline Torrez, nuera del dirigente sindical, en la que se observan moretones en sus brazos. “Esto la Fiscalía no lo investigó, la Guardia arremetió contra ella y la empujó con el agravante de que estaba embarazada. Con esto, el parto se adelantó a los pocos días y los gemelos que nacieron murieron, ¿a quién metemos presos? ¿a quién culpamos?”, cuestionó.

Machuca informó que la Fiscalía Militar, que debía ser equilibrada y neutral, incluyó como pruebas actas de entrevista a cinco soldados en las que hay contradicciones y denunció que las presiones fueron notorias. “Cuando esperábamos la hora para que dieran la decisión, la fiscal nos decía acabo de apagar el teléfono para que no me estuviera llamando nadie. ¿Por qué esa insistencia? Allí se movilizó todo el mundo. Hasta el presidente de la Corte Marcial estaba allí, pero le decimos que más temprano que tarde lo vamos a sacar de allí porque la ley está a nuestro favor. Su único delito ha sido por luchar por los trabajadores de Guayana y parte de Venezuela”, recalcó.

“Esto va a pasar, la injusticia no puede prevalecer y esta es la esperanza cierta de que se viven momentos de cambio. Este caso va a quedar para la historia, para la Academia, va a quedar como jurisprudencia, por eso le decimos a los trabajadores que tengan fe”, expresó el trabajador de Bauxilum, Estílito García.

Ekar recalcó que en el expediente se incluye un examen forense que plasma la existencia de una lesión leve contra un uniformado, un delito que implica una pena de un año y medio de prisión. “Solicitamos que por esa lesión leve, Rubén salga con una libertad condicional, pero no las negaron. Negaron también la libertad plena, pero no vamos a descansar”, expresó.

Informó que el 7 de febrero solicitaron también una revisión de medida y el tribunal tampoco se pronunció.

Intento de acallar a González

El miércoles, el Tribunal Militar se negaba a otorgarle al secretario de Sintraferrominera su derecho a expresarse, hasta que la presión de la defensa lo permitió. “Cada día demuestra mayor dignidad, mayor fuerza y no han logrado el objetivo que quería este gobierno de minarle la resistencia y la dignidad”, indicó Machuca.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SunepCVG), Ramón Gómez, rechazó las arbitrariedades en contra de González y resaltó que el rescate de la libertad sindical, el respeto de las contrataciones colectivas y la libertad sindical pasan por un cambio de gobierno en Venezuela, por lo que llamó a los trabajadores a sumarse a las protestas convocadas para este sábado 23 de febrero.

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