La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una denuncia de Cecodap y Prepara Familia, emitió una resolución que compromete al Estado a garantizar “vida, integridad y salud” de los niños hospitalizados en el área de Nefrología del centro médico de Caracas.

Con 19 votos a favor fue aprobada una resolución en la que países miembros de la OEA exponen su preocupación por la falta de condiciones e irregularidades para un proceso transparente y justo en Venezuela. La aprobación se logró pese a la insistencia del embajador venezolano y su homólogo en Bolivia, con apoyo de otros tres países, para que la situación del país no fuese tema de debate en la sesión del Consejo Permanente.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, descartó que el próximo 22 de abril se celebren otras elecciones en conjunto con las presidenciales. Sin embargo, aseguró que posteriormente estarían en la disposición de unos comicios que involucren Asamblea Nacional, consejos legislativos y concejos municipales.

Ni porque la comunidad internacional desconoce la convocatoria a unas presidenciales sin plenas garantías de transparencia, el Gobierno cede en sus pretensiones de celebrar unos comicios adelantados, sino que apuesta por unas elecciones generales con mayores vicios y violación a la Constitución vigente y leyes orgánicas.

Puede, sí, tener las instituciones secuestradas en su puño. Puede, además, controlar el dinero por la vía de la corrupción. Pero no tiene Nicolás Maduro, sentencia Jesús Chúo Torrealba, el poder: lo que tiene es, nomás, un botín, porque “el poder verdadero está en la calle”. Lamentablemente, ese poder real no es capitalizado por una dirigencia opositora cada día más ensimismada y aletargada que se entrega, a pasos agigantados, a una derrota histórica. ¿Todo perdido? Para nada, siempre y cuando ese poder, el de la calle, hegemonice la nueva plataforma unitaria.

Henri Falcón no ha descartado su candidatura, el pastor Javier Bertucci la hizo oficial, y este viernes se espera que el movimiento Prociudadanos presente la de Leocenis García.

La medida, tomada por el gobierno brasilero, aplica para inmigrantes venezolanos que estén en refugios o campamentos en espacios públicos de Boa Vista en Roraima, estado fronterizo con Venezuela

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