La coalición emitió un comunicado para exigir el derecho a la protesta de los venezolanos este 23 de enero. Lo reproducimos a continuación.

Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, reitera la necesidad de rescatar la institucionalidad democrática como única garantía para el goce efectivo de los derechos humanos, violentados a niveles inéditos en la historia contemporánea nacional.

Venezuela padece una crisis económica recrudecida que destruye la calidad de vida: la insuficiencia del salario, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del sistema de salud, la carencia de servicios públicos óptimos, ausencia y contaminación del agua, las fallas estructurales del sistema eléctrico nacional, la escasez de alimentos y medicinas. Esto trajo como consecuencia la salida forzada de millones de personas que generó la mayor crisis migratoria en América Latina.

El 10 de enero de 2019 Venezuela entró en un gobierno de hecho cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia bajo condiciones que carecen de legitimidad. El 20 de mayo de 2018 no se realizaron elecciones libres y auténticas lo que constituyó una grave violación del ordenamiento constitucional. El evento electoral vulneró las garantías universales de pluralidad, participación política, libertad de expresión y tiempos mínimos necesarios en los términos establecidos por la legislación nacional e internacional para un proceso democrático.

El 15 de enero, la Asamblea Nacional, único poder legítimo en Venezuela, declaró la usurpación del poder ejecutivo y convocó para el 23 de enero a una manifestación pública a nivel nacional como parte de una propuesta para avanzar hacia una transición democrática.

El foro reitera las obligaciones del Estado venezolano en materia de respeto y protección de los derechos humanos de los(as) venezolanos(as), entre ellas garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Nacional; que prohíbe expresamente el uso de sustancias tóxicas y armas de fuego para el control de manifestaciones públicas.

Enfatizamos que las violaciones a los derechos humanos son delitos que no prescriben, el cumplimiento de órdenes como justificación de acciones delictivas no exime a los(as) funcionarios(as) de la responsabilidad directa e individual en la comisión de estos hechos, ni tampoco a los integrantes de la cadena de mando y superiores, sean efectivos civiles o militares.

La ciudadanía tiene pleno derecho a participar activamente y desarrollar estrategias de recuperación institucional en el marco de las garantías provistas por la Constitución Nacional, en sintonía con los principios democráticos que dan prioridad al respeto de los derechos humanos que tienen rango constitucional. Los(as) venezolanos(as) cuentan con la legitimidad para ejercer sus derechos consagrados como la libertad de conciencia, expresión, reunión, asociación, manifestación y participación política, en rechazo de la usurpación de poder y la exigencia inmediata de elecciones libres y auténticas.

Exigimos al Estado, principalmente a los funcionarios civiles y militares, respetar y garantizar los derechos humanos de acuerdo a las obligaciones constitucionales, los tratados y pactos internacionales suscritos por la República. Reiteramos que el compromiso de cumplimiento de estos mecanismos se mantiene, independientemente de las denuncias ilegales e ilegítimas del Gobierno contra instrumentos de protección internacional, a fin de evadir sus responsabilidades, y bajo la pretensión de dejar en mayor indefensión a la población venezolana.

Solicitamos a la comunidad internacional que continúe el seguimiento de la situación, mantengan la denuncia y difusión, adopten las acciones necesarias en el marco del derecho internacional que privilegien los derechos humanos en Venezuela y faciliten una transición democrática ordenada y segura. (Foro por la Vida)