Lunes, 16 Abril 2018 00:00

Asesinatos impunes en protestas de 2017 remarcan el carácter dictatorial del régimen madurista

 
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Buena parte de la migración venezolano son exiliados políticos Buena parte de la migración venezolano son exiliados políticos FOTO ARCHIVO

“La impunidad sigue marcando la actuación por parte de las instituciones del Estado”. Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, destaca que menos del 10% de las violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las protestas de 2017 han sido investigadas o sus responsables sancionados.

Ya en 2014 Provea había advertido que si los responsables de las violaciones de DD HH no eran sancionados y no se tomaban los correctivos, se iba a repetir este patrón.

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De acuerdo con el FPV al menos en el 80% de los casos de violaciones de DD HH actuaron órganos del Estado / FOTO WILLIAM URDANETA 
 

En 2017 no solo se repitió, sino que marcó total evidencia de la ausencia de justicia y propició una escalada represiva mucho mayor que en años anteriores, con resultados peores que en gobiernos que le antecedieron a Nicolás Maduro, incluyendo el de Hugo Chávez.

La mayoría de los asesinatos de las protestas del año pasado fueron responsabilidad de grupos de la fuerza pública o de paramilitares.

“La impunidad en Venezuela ha sido, al menos en la última década, uno de los problemas políticos que ostenta el Gobierno venezolano y esto no se escapa a las irregularidades en el marco de las protestas, con muertes, lesiones y detenciones arbitrarias”, destaca Ezequiel Monsalve, quien estuvo al frente de la coordinación del Foro Penal Venezolano (FPV) en Bolívar.

“Las detenciones preventivas o apertura de procedimientos de investigación contra algunos funcionarios no es sinónimo de justicia contra la impunidad, esta se da cuando el agresor es debidamente castigado conforme a lo que establece el Código Penal, evidentemente con las garantías del derecho procesal venezolano y las garantías constitucionales”, añade.

Monsalve reitera que han sido pocas las detenciones de funcionarios y sin resultados. Recuerda así el caso de Irma Bello, lesionada tras ser impactada a corta distancia por un camión ballena de la Guardia Nacional. A la fecha no hay enjuiciamiento alguno del funcionario, así como tampoco en el caso del estudiante Donner Rivas, quien tuvo que ser hospitalizado por las lesiones propiciadas por los militares.

Los asesinados del régimen de Maduro

La cifra de fallecidos que registró el FPV fue de 102, en las que al menos en el 80% de los casos actuaron órganos de seguridad del Estado. El conteo de Provea es más alarmante, 143 personas perdieron la vida en situaciones de manifestaciones, 139 de ellas entre abril y agosto de 2017.

  Ezequiel Monsalve
Monsalve: “El trabajo está en que las organizaciones se revisen y planteen estrategias para la reapertura de espacios de defensa de la democracia” / FOTO WILLIAM URDANETA 
 

Destaca que solo en la gestión de Nicolás Maduro han sido asesinadas 210 personas en protestas, algunas de estas muertes fueron calificadas de accidental, aunque con igual responsabilidad del Estado por falta de un ambiente propicio para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

“De 1991 al presente, 391 personas han fallecido en el marco de protestas, la gran mayoría han sido en la dictadura de Nicolás Maduro, prueba de que no hay garantía del derecho a la manifestación pacífica”, compara Rodríguez.

Las detenciones arbitrarias tampoco escapan de la impunidad. 5.051 fue la cifra que contabilizó el FPV desde abril hasta el 31 de julio.

Monsalve y Rodríguez coinciden al mencionar irregularidades como el hecho que el juez de control hiciera uso del control judicial para imputar, aunque el Ministerio Público como titular de la acción penal no imputara y solicitara la libertad plena.

Además, muchos fueron juzgados ante tribunales militares y privados de libertad, uno de esos casos fue el de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) en Maracay, 11 fueron enviados a la cárcel 26 de Julio en Guárico y otros 11 a la de El Dorado en Bolívar.

La actuación de Luisa Ortega Díaz

Hay quienes defienden a la fiscal exiliada Luisa Ortega Díaz por rebelarse contra el régimen de Maduro y denunciar las violaciones de DDHH e irregularidades durante las protestas. Pero también hay quienes no pasan por alto su opaca gestión y parcialidad cuando las manifestaciones de 2014, también con asesinados y detenidos arbitrariamente.

  Inti Rodríguez
Rodríguez: “Debemos jugar un papel más activo, no como partido sino como actores políticos y encaminarnos hacia la necesaria transformación del país” / FOTO ARCHIVO 
 

“A diferencia de 2014 hubo un giro, esto no hace que las atrocidades que se cometieron en 2014, que fue el inicio de la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro,  sean borradas. La historia se encargará de juzgar estos hechos, no solo los de 2014 sino los de 2017”, señala Monsalve, quien rescata que los pronunciamientos de Ortega Díaz hicieron  que la institucionalidad resaltara en un momento crítico del país.

Rodríguez, por su parte, recuerda que el MP, durante la última etapa de Ortega Díaz, jugó un papel activo en documentar y denunciar lo que estaba ocurriendo.

“Con su destitución ilegal no solo se borró toda la información pública sino que muchos casos fueron engavetados y no se siguió investigando (…) Semanalmente el MP brindaba reportes de lo que estaba ocurriendo y esclareció casos como el de Juan Pernalete, que desvirtuó lo que dijeron voceros de la dictadura de Maduro sobre que había muerto a manos de los propios manifestantes, pero lamentablemente el Poder Judicial no actuó en consecuencia con esas investigaciones”, puntualizó el integrante de Provea.

El papel de las ONG

Las ONG jugaron un rol fundamental durante las manifestaciones. Para Monsalve, fue el equilibrio de justicia e igualdad, ante la impunidad, y violaciones de DDHH.

“Semanalmente en la OEA se certifica la lista de presos políticos y esto ayuda a la comunidad internacional a entender que en Venezuela, en efecto, existe un número determinado de presos políticos. Las ONG también colaboran a ser fuente de información de noticias para que medios de comunicación puedan dar reporte objetivo y veraz de lo que ocurre en Venezuela, y se abrió un examen preliminar ante la corte penal internacional a partir de las denuncias de organizaciones de DDHH”, recuerda el abogado.

Sobre qué más pueden dar estas organizaciones, menciona que el cierre de los espacios de la sociedad civil hacen que cada vez la gente participa menos, y esto sea un factor disuasivo en los actores de la política venezolana.

No obstante, plantea: “El trabajo está actualmente en que las organizaciones se revisen a sí mismas y planteen estrategias efectivas para la reapertura de esos espacios, para seguir conquistando espacios dentro del Estado venezolano y tener una voz más crítica y efectiva en la lucha por la protección de los DDHH”.

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Inti Rodríguez resalta que a pesar del papel destacado de las ONG, es insuficiente porque la cantidad de violaciones de DD HH en el país rebasa las capacidades propias de estas organizaciones.

Sin embargo, rescata que sus denuncias y documentación sirvieron para que órganos internacionales elevaran el costo político de la represión en Venezuela y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, en Provea consideran necesario jugar un papel más activo como actores políticos.

“Las ONG hemos entendido que nuestro papel no debe limitarse solo a la documentación y la defensa en el plano jurídico. Nuestro papel en un contexto actual de pérdida de la democracia debe ser un papel más político, ayudar a la gente a organizarse y articularse por la defensa de la democracia, jugar un papel más activo, no como partido sino como actores políticos y encaminarnos hacia la necesaria transformación del país”, concluye Rodríguez.

A un año de las protestas de 2017 también ha incrementado la  migración masiva de venezolanos a territorios extranjeros, una buena parte son exiliados políticos, señala Ezequiel Monsalve.

El FPV fundó un capítulo en el extranjero: Estados Unidos y España, donde se hace campaña de solidaridad y recopilación de datos de exiliados políticos.

“El Foro Penal vierten buena parte de sus voluntarios en la protección de estas personas venezolanas en el extranjero”.

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