El Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg) a cargo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su nuevo informe en el que denuncia que prevalece la violencia contra la mujer.

Mujeres, niñas y adolescentes son vulneradas ante el contexto de violencia armada, mientras que las agresiones sexuales hacia ellas siguen siendo una realidad que viene en aumento.

El Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg) a cargo de la organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), contabilizó nuevos casos de femicidios en el mes de marzo.

Fueron 8 femicidios, 3 en grado de frustración y 3 mujeres víctimas de violencia sexual contabilizadas en los estados Bolívar y Monagas.

Los femicidios activos, como explica el observatorio, son los resultantes de violencia doméstica, asesinato misógino de mujeres, y que se pueden perpetrar en conflictos armados, relacionados con la identidad de género o la orientación sexual. Hubo 2 de estos casos en lo registrado por Ovaceg. En ambos casos las víctimas fueron niñas.

Menores de edad asesinadas

Una de ellas fue violada y asesinada en la parroquia Chirica de San Félix, estado Bolívar. Tenía 3 años. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendió a los padres y a un tío de la menor de edad, luego de que un examen forense comprobara el abuso.

El segundo femicidio activo se registró en el estado Monagas. Una pequeña de 9 años fue hallada sin vida en la parroquia El Tejero, municipio Ezequiel Zamora. También presentaba signos de violación. El victimario estaba vinculado a la familia de la niña.

“Ninguno de los aspectos señalados por el Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención de Belén Do Pará (Mesecvi) están siendo cumplidos por el Estado: no hay registros, no hay procesos para concienciar sobre las consecuencias de la violencia contra la mujer, y el acceso a la justicia”, alerta Ovaceg y advierte que urge el diseño de políticas públicas de desarme efectivas, y enfatiza en la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado en el respeto de los derechos de las mujeres.

Las edades de las víctimas en ambos estados rondan entre 3 y 37 años. De todos los casos de violencia armada con enfoque de género, en 8 hubo arma de fuego, 2 con arma blanca y 4 involucran a funcionarios del Estado.

Femicidios pasivos y Ángela Aguirre

Karen D’Sanoa y Carolay D’Sanoa, madre e hija (37 y 14 años) de Maturín, estado Monagas, fueron asesinadas con arma blanca, el 28 de marzo durante un intento de robo. Ambas suman 2 femicidios pasivos de los 6 totales.

Los femicidios pasivos, como lo desglosa Ovaceg, pueden estar vinculados con abortos clandestinos inseguros, mortalidad materna, muertes vinculadas al tráfico humano, proliferación de armas pequeñas, crimen organizado e incluso acciones u omisiones deliberadas de parte de agentes estatales o funcionarios públicos.

El primer femicidio pasivo del estado Bolívar ocurrió en el municipio Sifontes, sector El Pariche. La mujer murió por daño colateral durante un enfrentamiento en el que estuvieron involucrados grupos irregulares y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Aurelis Rius Fuentes, de 18 años, fue asesinada con arma de fuego en el municipio Roscio, sector Alto Perú, “después de que las autoridades presuntamente dieran la voz de alto a un vehículo y este emprendió la huida a toda velocidad, dando lugar a una persecución armada”, describe el informe.

La adolescente de 16 años Ángela Aguirre fue asesinada el pasado 23 de marzo. Como lo narra lo registrado por Codehciu, la mañana del 26 fue hallado el cuerpo de la joven, cerca del balneario El Rey. Toda esta información fue suministrada por el comisario Douglas Rico del Cicpc a través de su cuenta twitter. Mientras se realizaban las labores de búsqueda, el Cicpc interrogaba a los acompañantes de la adolescente, quienes mantuvieron la versión inicial de los hechos. La audiencia de presentación fue pospuesta 5 veces, y dos tribunales se declararon incompetentes para conocer el caso.

Hasta ahora, sietes personas están detenidas y se esperan los actos conclusivos por parte del Ministerio Púbico, momento procesal en el cual se espera se hará la imputación formal por el delito de femicidio agravado. Posteriormente debe iniciar el juicio que termine con una condena por el grave delito de violencia contra la mujer.

Codehciu ha participado en campañas en redes sociales con la etiqueta #JusticiaParaÁngelaAguirre, exigiendo que se esclarezca el caso.

Es necesario un plan de acción

El Ovaceg asegura que es necesario el diseño de un plan de acción ante los órganos receptores de denuncias y de investigación. Además, Codehciu reitera el llamado a los comunicadores sociales a fin de erradicar de su lenguaje “paradigmas que revictimizan o invisibilizan a las niñas, adolescentes o mujeres que son víctimas de violencia”. (Prensa Codehciu)